Beneficios para las entidades públicas:

• Faculta la implementación de políticas sectoriales mediante la determinación de especificaciones de bienes y/o servicios.
• Facilita la agregación de la demanda, al eliminar la variabilidad de las características de los bienes y/o servicios contratados por las entidades del Estado.
• Facilita la transferencia de bienes y/o servicios entre entidades del Estado (interoperatividad).
• Agiliza la formulación de requerimientos y simplifica el proceso de contratación.
• Promueve la determinación de estándares de bienes y servicios orientados a la calidad de las compras públicas.
• Permite trazabilidad de los bienes y/o servicios contratados.

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Beneficios para los proveedores:

• Amplía las posibilidades de abastecer a más de una entidad con un bien o servicio homologado.
• Promueve la especialización en la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios.
• Facilita la transparencia, al facultar la participación de los proveedores en los procesos de homologación.
• Favorece el desarrollo de la oferta de bienes y/o servicios de calidad.